La Venezuela ilegítima
La situación de Venezuela, con la posesión de la nueva Asamblea Nacional oficialista instalada el pasado 4 de enero, además de compleja es realmente crítica. La insoslayable perpetuación de Nicolás Maduro en el poder, con un gobierno que ejerce el control total de los tres poderes del Estado, así lo indica. En otras palabras, la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, propuesto por Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes” (1748), como teoría y característica esencial del sistema democrático, ha quedado reducido a lo que coloquialmente se conoce como un saludo a la bandera.
De ahí que al no existir tal separación, inevitablemente se materializa la concentración absoluta de poder dictatorial en el inquilino de Miraflores, agudizando el consabido autoritarismo existente, con lo que le asegurará al régimen venezolano su permanencia indefinida. No bastó el reconocimiento que 50 países le dieron a Juan Guaidó como presidente interino, al declarar a Maduro como usurpador de la presidencia desde mayo de 2018 en unas elecciones fraudulentas, pues no solo le caducó su tiempo sino también el de la Asamblea Nacional que, desde 2015, se había constituido en el único bastión de resistencia legítima que impedía llegar al oscuro panorama donde hoy se encuentra Venezuela.
Tampoco parece ser solución el camino trazado por la Asamblea Nacional saliente, al instalar virtualmente en cabeza de Juan Guaidó, una Asamblea paralela para conservar la presidencia del organismo legislativo y así continuar en la interinidad como presidente encargado del país. En efecto, hay dos Asambleas Nacionales ilegítimas, una que culminó su periodo reeligiéndose por el procedimiento descrito y otra que asumió en unas irritas elecciones, donde la abstención fue altísima, al igual que la falta de garantías y el control electoral por organismos internacionales imparciales, ocasionando que 60 países de todo el mundo las rechazaran, incluida la Unión Europea con sus 27 países miembros, así como la OEA y el Grupo de Lima.
A lo anterior, es necesario agregar el indefectible fraccionamiento de la oposición y la falta de credibilidad en Guaidó, quien se constituyó desde el 23 de enero de 2019 en una esperanza para Venezuela y para los 5,4 millones de migrantes venezolanos, que se vieron forzados a salir de su territorio en busca de oportunidades laborales. De estos, la mayoría, casi 2 millones están radicados en Colombia. En sus dos años, se puede destacar como gestión del presidente interino, el haber participado e intervenido en el Foro Económico Mundial, realizado en Davos (Suiza), su asistencia en la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, en Bogotá, reuniéndose con el presidente Iván Duque y Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos.
También el respaldo obtenido de la administración Trump, mediante las sanciones administrativas impuestas por el Departamento de Estado contra el régimen venezolano y funcionarios del gobierno chavista. Así mismo, logró una mayor visibilización de la migración venezolana y la renovación por 10 años de los pasaportes vencidos de los venezolanos migrantes, los cuales fueron aceptados en los países receptores: Colombia, Reino Unido, Panamá, Canadá, Brasil y Estados Unidos. No obstante, esos esfuerzos no han sido suficientes, toda vez que su liderazgo más bien transmite desesperanza.
De hecho, hay que reparar en las denuncias por manejos irregulares de los activos venezolanos bajo su responsabilidad, según The Washington Post. Además, pese a que Estados Unidos, Brasil, Colombia y Uruguay, han declarado que seguirán reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 y al presidente interino Guaidó, la Unión Europea con su bloque de países ya no lo harán, al considerar que su mandato ya expiró. Sin embargo, han dejado claro su intención de seguir trabajando con él y demás dirigentes políticos venezolanos para procurar una salida pacífica a la crisis política e institucional que vive Venezuela. En consecuencia, es evidente que dicho reconocimiento internacional alcanzado en 2018, por lo pronto, ya perdió la mitad de su respaldo. El gran perdedor, seguirá siendo el pueblo venezolano.
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