Luis Suárez Castillo

“Los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismos idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho. No les está permitido es intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo”. Así quedó redactado el proyecto de acto legislativo de la bancada Colombia Justa Libres, radicado el pasado 12 de marzo en el Congreso de la República, con el que se busca modificar el segundo párrafo del artículo 219 de la Constitución Política de Colombia. No es una propuesta nueva, como quiera que es la enésima vez que se presenta. De hecho, este proyecto fue presentado el año pasado por el mismo partido político, pero se hundió por vencimiento de términos. Como antecedente, desde la Constitución de 1886, el artículo 168 prohíbe expresamente que la Fuerza pública sea deliberante, y en1945 se extendió la prohibición  al ejercicio del sufragio y a la intervención

Con la detención de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez el sábado 13 de marzo, así como de los ministros de Justicia y Energía, además de las órdenes de arresto de la Fiscalía General de Bolivia contra otros siete funcionarios durante su gobierno, por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración para cometer un golpe de Estado, se vislumbra en amplios sectores de la oposición del gobierno boliviano una venganza política. Así mismo, se evidencia la posibilidad de una injerencia política en el estamento judicial, dado que su sistema y el de las fuerzas armadas de Bolivia no gozan de una estructura independiente, por lo que se facilita el control y manipulación por parte del gobierno de turno. Para Áñez es una acción absolutamente arbitraria, porque es pretender criminalizar el hecho de haber pacificado al país con un golpe de Estado, por lo que la sucesión constitucional ahora no tendría validez. Todo esto, en detrimento del estado de derecho, al desconocerse los privil

  Por su ubicación geográfica, Colombia es la puerta de entrada a Suramérica y dispone de puertos hacia el resto del continente americano, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico, aprovechando sus amplias costas sobre los dos océanos. También cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, materias primas y productos agropecuarios, así como una extensa biodiversidad, gracias a su posición privilegiada entre el Caribe, los Andes, la Amazonia y el Océano Pacífico. Eso hace que Colombia, en su aspiración de convertirse en una potencia regional secundaria, tenga intereses en la región y procure aumentar tanto su liderazgo, como el control sobre esas áreas específicas. Así mismo, el especial posicionamiento de Colombia le ha servido para mostrarse como “enlace” geopolítico-ideológico y catalizador de las fisuras entre el norte y el sur.  Igualmente, con los diferentes organismos o bloques multilaterales, entre los que se destacan T-MEC (anterior NAFTA), CARICOM, ALBA, MERCOSUR, CA

La Unión Europea (UE) impuso sanciones, el pasado 22 de febrero, a 19 funcionarios y políticos venezolanos, las cuales contemplan prohibiciones de viaje y congelación de activos. Según el comunicado del bloque comunitario, los afectados “son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”. Así pues, ya son 55 los funcionarios sancionados en el continente europeo, con lo que la UE busca allanar el camino hacia unas elecciones libres en Venezuela, al mismo tiempo que descarta cualquier apoyo a una intervención militar. La reacción autoritaria de Maduro y la postura de la Asamblea Nacional desembocó en la expulsión de la embajadora, Isabel Brilhante Pedrosa, al ser declarada “persona non grata” sin agotar los pasos previos característicos para escalar diplomáticamente hasta llegar a una medida de tal magn