Luis Suárez Castillo

  Prosiguiendo con las medidas adoptadas para reversar las decisiones de su antecesor, el gobierno de Joe Biden, con su anuncio del jueves pasado por parte de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaky, se ha propuesto cambiar la política de Estados Unidos respecto a Cuba. Esta iniciativa se fundamenta en que su política hacia la Habana se orientará por dos principios: uno, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, como puntos focales de la administración Biden; y dos, “que los estadounidenses, especialmente los cubano-estadounidenses, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba”. En consonancia con estos principios, se darán a la tarea de revisar las políticas instauradas en el cuatrienio de Donald Trump. Al respecto, es necesario recordar que en diciembre de 2014 el presidente Barack Obama, anunció su decisión de restablecer las relaciones bilaterales con Cuba. Tras este pronunciamiento se inició el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países, rotas ofi

  El presidente Joe Biden , tras su posesión el pasado 20 de enero y en sus primeros tres días de gestión gubernamental, firmó 30 directivas y decretos ejecutivos, superando ampliamente a sus dos últimos predecesores (Trump ocho y Obama nueve, en las dos primeras semanas de gobierno). Se destacan las medidas tomadas para combatir la pandemia del Coronavirus, con el uso obligatorio de las mascarillas y el distanciamiento social en los edificios federales, el plan por 1,9 billones de dólares para estímulos económicos a los afectados por la crisis pandémica, el regreso de Estados Unidos al acuerdo climático de París y la suspensión de la construcción del muro fronterizo con México, entre otras medidas. Lo anterior demuestra la firme determinación de Biden, para comenzar a revertir las cuestionadas políticas de su antecesor, en cumplimiento a lo prometido en campaña. En dicho sentido, tendrá un largo trecho por recorrer durante su mandato, toda vez que ad portas de la entrega del poder, cu

Con la votación del miércoles 13 de enero en la Cámara de Representantes se aprobó, por 232 votos (10 republicanos) contra 192, la resolución para acusar al presidente Trump de “incitación a la insurrección”. Lo culpan de “incitar a la violencia contra el gobierno” de Estados Unidos, con base en lo ocurrido en el Capitolio cuando el Congreso certificaba la victoria electoral de Joseph Biden, el pasado 6 de enero. Según la acusación de los Representantes a la Cámara, el presidente fue el promotor de los desórdenes de sus seguidores que terminaron con la muerte de cinco personas, la toma del Capitolio por los manifestantes y la vulneración de la democracia. Si bien dichos eventos han sido reconocidos como graves, por la mayoría republicana que votó en contra del impeachment (proceso de destitución), lo han calificado como una estrategia  demócrata carente de fundamento, sustentado en el discurso de Trump y dejando de lado que su invitación a la multitud se centró en que marcharan hacia e

La situación de Venezuela, con la posesión de la nueva Asamblea Nacional oficialista instalada el pasado 4 de enero, además de compleja es realmente crítica. La insoslayable perpetuación de Nicolás Maduro en el poder, con un gobierno que ejerce el control total de los tres poderes del Estado, así lo indica. En otras palabras, la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, propuesto por Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes” (1748), como teoría y característica esencial del sistema democrático, ha quedado reducido a lo que coloquialmente se conoce como un saludo a la bandera. De ahí que al no existir tal separación, inevitablemente se materializa la concentración absoluta de poder dictatorial en el inquilino de Miraflores, agudizando el consabido autoritarismo existente, con lo que le asegurará al régimen venezolano su permanencia indefinida. No bastó el reconocimiento que 50 países le dieron a Juan Guaidó como presidente interino, al declarar a Maduro como  u

Con el comienzo de 2021, después de 47 años, el Reino Unido (RU) dejó de ser miembro de la Unión Europea (UE). Este proceso político conocido mundialmente como “brexit”, se inició tras el referéndum del 23 de junio de 2016 cuando el 51,9 % de los votantes apoyó abandonar la UE. De ahí que el Gobierno invocó el artículo 50 del Tratado de la UE, iniciando así el proceso de dos años para su salida el 29 de marzo de 2019. No obstante, dada la complejidad de las negociaciones, dicho plazo fue objeto de varias prórrogas hasta que finalmente, el pasado 24 de diciembre, se concretó el pacto de acuerdo entre la UE y el RU para su salida de las instituciones europeas, a partir del primero de enero de este año. Como antecedente, en 1975 se realizó el primer referéndum ganando la permanencia del RU en la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea. Del mismo modo, cabe recordar que internamente los británicos han librado una lucha entre proeuropeos y euroescépticos. Por una parte,