Defensa Nacional como Política de Estado: seguridad, desarrollo y sostenibilidad para el futuro de Colombia

 

“La defensa de una nación no comienza en el campo de batalla,

sino en la claridad de su propósito y la unidad de su visión.”

—Inspirada en Carl von Clausewitz

Resumen: Este artículo plantea la imperiosa necesidad de estructurar una Ley de Defensa Nacional en Colombia que integre los pilares de seguridad, desarrollo y sostenibilidad como componentes inseparables de una visión estratégica de Estado. Se destaca su importancia como instrumento de largo plazo para garantizar la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y la vigencia del orden constitucional, al mismo tiempo que enfrenta amenazas persistentes como las disidencias armadas de las extintas Farc, el ELN, la minería ilegal, el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.

Palabras clave: Ley de Defensa Nacional, seguridad integral, desarrollo territorial, sostenibilidad, soberanía, orden constitucional, Colombia.

Introducción: de la seguridad fragmentada a la defensa estratégica

Colombia aún no cuenta con una Ley de Defensa Nacional concebida como una verdadera política de Estado. A lo largo del tiempo, los asuntos de defensa y seguridad han sido tratados de manera fragmentada, a través de planes sectoriales y documentos de gobierno, sin una articulación doctrinal, normativa e institucional que responda a las exigencias de un entorno geopolítico cada vez más dinámico y desafiante (DNP, 2023). Esta carencia limita seriamente la capacidad del país para anticipar amenazas, integrar de forma coherente sus recursos estratégicos y proyectar su poder nacional de manera sostenida y legítima en el ámbito regional e internacional.

La defensa nacional debe superar enfoques meramente tácticos y reactivos para consolidarse como una función estratégica del Estado, basada en la anticipación, la planificación y la prevención. Esta debe concebir la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y la vigencia del orden constitucional no solo como objetos de protección armada, sino como pilares fundamentales para orientar el destino del país con autonomía, resiliencia y legitimidad. En este marco, resulta indispensable la formulación de una Ley de Defensa Nacional que garantice efectivamente estos principios esenciales, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia (Const., 1991, Artículo 217).

Seguridad, desarrollo y sostenibilidad: ejes de la defensa moderna

En la actualidad, la defensa nacional no puede limitarse a enfrentar amenazas convencionales, pues Colombia enfrenta una compleja convergencia de amenazas híbridas que incluyen el crimen organizado transnacional, la degradación ambiental, la desinformación, los ciberataques y las tensiones limítrofes. A estas se suman amenazas persistentes de carácter interno, como las disidencias y reagrupamientos armados de las extintas Farc, la expansión territorial del ELN y la consolidación de economías ilícitas —en particular la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando— que actúan en zonas estratégicas con débil presencia institucional, afectando directamente el control del Estado y la seguridad de las comunidades. 

Dichas estructuras, articuladas con redes internacionales del narcotráfico, continúan generando economías ilegales de gran escala, alimentando la violencia armada, la corrupción y la expansión del crimen organizado. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2024, estas dinámicas no solo comprometen la seguridad interna, sino que también representan una amenaza creciente para la estabilidad, la gobernabilidad y la salud pública en regiones altamente vulnerables (Unodc, 2024).

No corresponde a la defensa ejecutar directamente las políticas sociales, ni asumir funciones de seguridad pública que competen a la Policía Nacional conforme al artículo 218 de la Constitución Política (Const., 1991, Artículo 2018). Sin embargo, la defensa nacional puede y debe contribuir a generar condiciones estructurales de seguridad, estabilidad y legalidad que permitan la implementación sostenible de dichas políticas en el territorio, en el marco de un enfoque amplio de seguridad del Estado. En lo que respecta a la sostenibilidad, los informes del Ideam (2024) advierten sobre la acelerada deforestación, pérdida de cobertura boscosa y los efectos crecientes del cambio climático, lo que exige incorporar de manera urgente criterios de seguridad ecológica en la Ley de defensa. 

Como ha señalado Sachs (2015), el desarrollo sostenible del siglo XXI requiere proteger los bienes ambientales estratégicos como condición para garantizar la paz, la equidad y la resiliencia nacional. Esto implica proteger ecosistemas clave, combatir de forma decidida la criminalidad ambiental y consolidar un enfoque de defensa integral de la vida, entendido como la salvaguarda de los recursos naturales esenciales para la soberanía y el bienestar colectivo.

Propuesta de una Ley de Defensa Nacional

Para que la defensa se convierta en instrumento de política de Estado y no en una agenda de gobierno, se requiere establecer una Ley de Defensa Nacional con respaldo legislativo y enfoque multianual, construida participativamente desde el poder civil, las Fuerzas Militares y su Reserva, la academia y la sociedad. Debe definirse como una política pública prioritaria, transversal, evaluable y permanente. Igualmente, se requiere la creación de un Consejo de Defensa Nacional con carácter permanente, dotado de capacidades para la prospectiva estratégica, el análisis geopolítico y la articulación multisectorial.

Su propósito fundamental será coordinar de manera efectiva los principales instrumentos del poder nacional —diplomático, informacional, militar, económico y político— en función de la defensa de los intereses nacionales vitales del país. Así mismo, esta Ley debe articularse de manera coherente con otros marcos estratégicos como la Política Exterior, la Política Nacional de Sostenibilidad, el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Criminal y el Plan Maestro de Transporte Intermodal, de forma que la defensa contribuya activamente a la gobernabilidad democrática, la integración territorial y la proyección internacional de Colombia.

Solo a través de un enfoque integral será posible enfrentar con eficacia la convergencia de amenazas tradicionales y emergentes, incluidas las estructuras armadas ilegales, las redes criminales que controlan territorios estratégicos y los factores que minan el orden constitucional y el Estado de derecho. Este mismo enfoque permitirá consolidar una auténtica visión estratégica de Estado, como lo han logrado países con estructuras de planificación y defensa a largo plazo —como Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos y México— en los que la política de defensa se articula coherentemente con los objetivos de desarrollo nacional, sostenibilidad y seguridad democrática.

Recomendaciones estratégicas para formular una Ley de Defensa Nacional

La construcción de esta Ley debe asumirse como un proceso técnico, participativo y sostenido en el tiempo. Como primer paso, es ineludible consolidar un marco jurídico y político de largo plazo, mediante la expedición de una Ley de Defensa Nacional que establezca con claridad sus principios rectores, competencias institucionales y mecanismos de articulación intersectorial, en plena consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo y las principales políticas públicas del Estado colombiano (DNP, 2023).

En segundo lugar, se recomienda la creación de un Consejo de Defensa Nacional con carácter permanente, encargado de ejercer funciones de coordinación interinstitucional, análisis prospectivo y conducción estratégica, con participación de los sectores defensa, relaciones exteriores, planeación, justicia, ambiente, industria y tecnología. En tercer lugar, es fundamental adoptar una doctrina de defensa centrada en la acción unificada del Estado, que articule de manera coherente las capacidades militares, civiles, tecnológicas y diplomáticas con el fin de proteger la soberanía, fortalecer la institucionalidad democrática y salvaguardar los bienes públicos estratégicos del país (Undp, 1994).

Una cuarta recomendación es incorporar un enfoque territorial, diferencial y prospectivo que permita formular diagnósticos regionales precisos, desarrollar análisis de escenarios y diseñar estrategias específicas para zonas fronterizas, corredores fluviales, áreas con conflictos socioambientales y espacios marítimos de interés estratégico (Ideam, 2024). De igual manera, resulta prioritario fortalecer las capacidades tecnológicas y la innovación estratégica en ámbitos como la ciberdefensa, la vigilancia satelital, las comunicaciones seguras y las energías de uso dual, lo cual exige una inversión pública sostenida y la consolidación de alianzas efectivas entre el Estado, la academia y el sector productivo.

Finalmente, es fundamental establecer mecanismos sólidos de control democrático, evaluación continua y legitimación pública. Para ello, se requiere implementar procesos efectivos de rendición de cuentas ante el Congreso de la República, desarrollar auditorías estratégicas sobre la ejecución de la política y promover estrategias de pedagogía cívica que fortalezcan la cultura de defensa nacional en la ciudadanía, consolidando así su comprensión, respaldo y apropiación social.

Conclusión

Colombia enfrenta un entorno estratégico marcado por amenazas complejas, persistentes y multidimensionales, que no pueden ser enfrentadas con instrumentos fragmentarios ni con respuestas sectoriales desarticuladas. Ante este panorama, la formulación de una Ley de Defensa Nacional como política de Estado se erige como una necesidad histórica y estructural para garantizar la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y el orden constitucional en el largo plazo. Esta Ley debe trascender las coyunturas de gobierno para convertirse en un instrumento articulador del poder nacional, integrando de manera coherente los pilares de seguridad del Estado, desarrollo y sostenibilidad bajo una visión estratégica de largo alcance, con enfoque territorial y diferencial. 

Al asumir la defensa como un bien público estratégico y no como un asunto estrictamente militar, Colombia podrá construir un modelo de planeación defensiva que no solo responda a las amenazas tradicionales y emergentes, sino que también contribuya a la consolidación de la legalidad, la cohesión nacional y la proyección soberana del país en el ámbito internacional. Para ello, será imprescindible consolidar un marco normativo robusto, instituciones con visión estratégica, capacidades tecnológicas modernas y una ciudadanía comprometida con la defensa legítima de sus intereses vitales. Solo así será posible avanzar hacia una auténtica visión estratégica de Estado, en la que la defensa no comience en el campo de batalla, sino en la claridad del propósito colectivo y la unidad de rumbo nacional.

La legitimidad de la Ley estará determinada por la forma en que sea construida: de manera participativa, con continuidad institucional y con la capacidad efectiva de responder a los intereses nacionales vitales de la Nación en un entorno regional e internacional crecientemente complejo y desafiante. En este propósito, el Cuerpo de Generales y Almirantes cumple un papel insustituible como depositario de la memoria estratégica, guía del liderazgo de Estado y referente ético en la defensa de los intereses superiores del país, aportando visión, experiencia y patriotismo al servicio de Colombia.

Referencias

Const. - Constitución Política de Colombia. (1991). Art. 217 y Art. 218. 6 de julio de 1991. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=4125

DNP - Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2023, 3 de mayo). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-05-04-bases-plan-nacional-de-inversiones-2022-2026.pdf

Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2024). Informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables 2023. https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/Estado-del-ambiente-y-los-recursos-naturales

Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.

Undp - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1994). Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. Oxford University Press. https://hdr.undp.org

Unodc - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024). Informe Mundial sobre las Drogas 2024. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2024/languages/2412493S.pdf

Publicado: 27 de junio de 2025. https://www.cga.org.co/post/defensa-nacional-como-pol%C3%ADtica-de-estado-revista-ecos-edici%C3%B3n-182