De los cambios políticos en Venezuela, al cambio en Colombia

 

Con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, tras las elecciones del pasado 19 de junio, en segunda vuelta, es un hecho que la contienda electoral terminó y constituye un capítulo cerrado. De ahí que una cosa sean las propuestas o promesas de campaña y otras las ejecutorias; por tanto, a partir del 7 de agosto y durante los próximos cuatro años de gobierno, cada ciudadano podrá develar lo que es cierto y lo que es mentira e incluso, descubrir aquello que no era más que un prejuicio sobre el nuevo presidente de la república. 

Mientras tanto, hay que mirar las dos caras de la moneda. Por un lado, es responsabilidad de todos los ciudadanos construir país y no únicamente de los gobiernos de turno, como ha sido hasta ahora con la constante quejadera y señalamiento a sus gestiones. Por otro lado, estamos frente a una realidad en la que persisten las prevenciones e incredulidad del electorado, más de 10 millones 500 mil, que votó en contra del presidente electo y desconfía de su proyecto político y económico. Por tanto, el 50% de los colombianos estará ojo avizor ante cualquier indicio de autoritarismo que pueda conducir a una eventual dictadura.

Esto último, es el reflejo del espejo con el que dicho electorado mira lo que hizo Chávez en el vecino país y aunque las apreciaciones disonantes insisten en que Colombia no es Venezuela y que sus instituciones son fuertes, lo cierto es que cambios sustanciales en materia política son los que llevan al éxito o al fracaso a cualquier democracia. Eso sucedió durante los  gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y prosiguió con Nicolás Maduro (2013- hasta hoy), terminando en repercusiones económicas y sociales que a la postre se convirtieron en la ruina del Estado petrolero más rico y promisorio de América del Sur.

Entre los cambios políticos sustanciales en Venezuela, a manera de remembranza, cabe señalar la reforma de la Constitución Política en diciembre de 1999, el tránsito del sistema político democrático a otro de carácter socialista, la destrucción de las instituciones democráticas liberales y la politización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reelecciones y elecciones fraudulentas con la manipulación del registro electoral, captura del Estado a través de la cooptación de las ramas del poder y la intromisión del régimen cubano en los asuntos internos de Venezuela, por invitación de los gobiernos de Chávez y Maduro. 

Con la reforma de la Constitución política de 1961, se dio la transformación del Estado y el ordenamiento jurídico, destacándose la creación del poder ciudadano y el poder electoral, como dos clases de poderes adicionales a la clásica separación de poderes del Estado, según la teoría de Montesquieu (1748), Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así mismo, la incorporación de los referendos revocatorios y consultivos que no existían en la anterior Constitución, dándosele un viraje al régimen político existente hacia una democracia social y participativa. 

A partir de 2005 comenzó el tránsito del sistema político democrático a otro de carácter socialista, después de las elecciones parlamentarias, toda vez que el gobierno chavista salió fortalecido políticamente y empezó a hacerse al control de los poderes públicos, incluyendo el poder ciudadano y el Poder Electoral, la Asamblea Nacional, el Tribunal supremo de Justicia y la Fiscalía. Aquí, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) jugó un papel trascendente, gracias a su fortalecimiento y la mezcla de dos variables: no solamente la del partido político que cumple las funciones como tal, sino también hacer que sus líderes participen en elecciones y ganen. 

En diciembre de 2007, Chávez trató de reformar la constitución de 1999 por la vía del referendo consultivo pero fue negado por el pueblo. Aunque la reforma constitucional no fue posible, a través de leyes habilitantes, terminó implementando las que requería a la medida de su proyecto político. Con ese procedimiento se destruyeron las instituciones de la democracia liberal venezolana y la estructuración del Estado perdió legitimidad, en razón a que era el presidente legislando por encima de la Asamblea Nacional venezolana. 

Por consiguiente, no fueron leyes expedidas con la aquiescencia del poder legislativo, como producto de un consenso político, sino que el presidente las creaba y promulgaba a conveniencia, indicando lo que el Estado debía seguir. Es así como cambia la naturaleza de la esfera militar y las fuerzas armadas que en Venezuela habían tenido un carácter altamente institucional, se convierten en unas fuerzas con un carácter altamente político y quedan al servicio del régimen instaurado. 

Esos cambios que llevaron a la debacle y al sufrimiento del pueblo venezolano, es lo que temen los opositores del nuevo gobierno colombiano. En contra de los partidarios que sostienen algo distinto y el mismo Petro, quien en su último pronunciamiento se ha esforzado en convencer a Colombia que ello no sucederá. 

Esto es, con el compromiso de sus cinco garantías fundamentales e innegociables con el cambio: 1) que no buscará la reelección; 2) compromiso inquebrantable con la justicia sin venganzas personales ni utilización del poder para su propio beneficio; 3) trabajo sin descanso para superar la crisis económica y social con austeridad y buenas políticas; 4) respetará las leyes y la Constitución que incluye respetar la propiedad privada sin llegar a confiscarla o menoscabarla; y 5) garantía de lucha frontal contra la corrupción.

Todo suena bien y es lo deseable, ojalá así sea para bien de la democracia y del país. Sin embargo, el problema radica en que la mitad de este país no le cree a Petro, no por las campañas de odio y mentiras emprendidas desde el pasado contra él, como lo ha asegurado, sino por sus antecedentes y posturas políticas extremas que ha ido suavizando. 

En dicho sentido, es innegable que para los contradictores del gobernante electo, taladra en sus mentes la afamada frase: “Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, evocando la tragedia que desde 1999 vive Venezuela. Definitivamente, eso no es lo que se quiere para Colombia y solo los hechos demostrarán lo contrario. 

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